SANGRÍA DE YEGUAS: EL NEGOCIO DE LA SANGRE QUE URUGUAY TODAVÍA NO SE ANIMA A PROHIBIR

Por Willian Araujo | Espacio G
Una práctica denunciada desde hace más de una década, controles cuestionados y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué Uruguay permite que el sufrimiento de animales preñados forme parte de un negocio comercial?
La sangría de yeguas es una de las prácticas más controvertidas de la producción animal en Uruguay. Desde hace años, organizaciones defensoras de los animales denuncian las condiciones en las que se extrae sangre de yeguas preñadas para obtener una hormona utilizada en la reproducción de animales destinados a la producción ganadera.
Detrás de una actividad que se presenta como parte del negocio agropecuario existe una realidad que merece ser conocida y discutida públicamente, el bienestar de los animales, los métodos utilizados y la responsabilidad de las autoridades encargadas de controlar estas explotaciones.
Diez litros de sangre para sostener un negocio
La práctica consiste en extraer sangre de yeguas preñadas para obtener la gonadotrofina coriónica equina, conocida como eCG o PMSG. Esta hormona se utiliza en tratamientos reproductivos destinados a sincronizar y estimular los ciclos reproductivos de animales como cerdos, vacunos y ovinos.
Según investigaciones difundidas por organizaciones animalistas y recogidas por la cadena alemana Deutsche Welle en 2015, a las yeguas se les extraían aproximadamente diez litros de sangre por semana durante un período determinado de la gestación.
Las denuncias describieron animales sometidos a procedimientos dolorosos, inmovilización, golpes y condiciones incompatibles con un trato digno. También señalaron la interrupción inducida de la gestación una vez finalizado el período de extracción.
Estas denuncias no deben confundirse con una descripción comprobada de todos los establecimientos. Sin embargo, la gravedad de los testimonios y las imágenes difundidas justifican investigaciones independientes, controles efectivos y respuestas públicas transparentes.
No estamos hablando solamente de una técnica productiva. Estamos hablando de seres vivos sometidos a procedimientos que pueden comprometer su salud y su bienestar para obtener un producto comercial.
Las denuncias no comenzaron ayer
En octubre de 2015, Deutsche Welle publicó el reportaje Sangría de yeguas, una práctica controvertida, basado, entre otros elementos, en investigaciones de Animal Welfare Foundation y Tierschutzbund Zürich, junto con organizaciones animalistas de Uruguay.
El informe recogió testimonios sobre la extracción de sangre y la interrupción de la gestación, así como cuestionamientos a las condiciones de manejo de los animales.
La publicación también incluyó la posición de representantes del ámbito veterinario que manifestaron no tener constancia directa de maltrato en esos establecimientos y señalaron que no habían recibido denuncias formales. Por su parte, un directivo técnico de Syntex Argentina reconoció que en imágenes atribuidas a la empresa se observaban prácticas contrarias a su propio manual de bienestar animal, aunque sostuvo que eran frecuentes en establecimientos agropecuarios de la región.
Estas declaraciones reflejan un problema que va más allá de una empresa: ¿qué valor tienen los protocolos y los manuales de bienestar si no se garantiza su cumplimiento en la práctica?
La discusión no puede reducirse a si existe una norma escrita. Lo fundamental es saber qué ocurre en los establecimientos, con qué frecuencia se inspeccionan y qué consecuencias enfrentan quienes incumplen las reglas.
Regular no es lo mismo que proteger
En 2017, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estableció disposiciones sanitarias para los establecimientos dedicados a la extracción de sangre de equinos mediante la Resolución 215/017.
La existencia de una regulación, sin embargo, no terminó con la controversia. Las organizaciones defensoras de los animales continuaron denunciando irregularidades y reclamando la prohibición de la actividad.
Aquí aparece una de las principales responsabilidades del Estado: demostrar que los controles funcionan, que las denuncias se investigan y que el bienestar animal no queda subordinado a los intereses económicos.
Si las autoridades consideran que la práctica puede realizarse sin provocar sufrimiento, deben demostrarlo con controles rigurosos, información pública y mecanismos independientes de fiscalización. Si no pueden garantizarlo, deben explicar por qué se mantiene una actividad que acumula cuestionamientos desde hace años.
La regulación no puede convertirse en una excusa para perpetuar un problema.

¿Es necesario seguir utilizando sangre de yeguas?
Uno de los argumentos centrales de quienes reclaman la prohibición es la existencia de alternativas para obtener o sustituir la hormona utilizada en los tratamientos reproductivos.
Investigaciones y declaraciones de especialistas han señalado la posibilidad de recurrir a productos sintéticos o recombinantes. La disponibilidad y la eficacia de estas alternativas deben evaluarse para cada aplicación, pero su existencia obliga a plantear una pregunta esencial: ¿qué justifica mantener un procedimiento que genera graves cuestionamientos éticos si existen otras vías posibles?
El debate no puede resolverse únicamente desde la rentabilidad de la actividad. También debe considerar los costos que no aparecen en las cuentas comerciales: el sufrimiento animal, las consecuencias sanitarias y el daño a la imagen de un país que promueve su producción agropecuaria en los mercados internacionales.
La innovación científica debería servir para reducir el sufrimiento, no para justificar su continuidad por costumbre.
Un proyecto de ley que pone el tema sobre la mesa
En el Parlamento uruguayo se presentó un proyecto de ley para prohibir la extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de hemoderivados y la producción, utilización y comercialización de la gonadotrofina coriónica equina de origen natural.
La iniciativa volvió a poner en discusión la responsabilidad del país frente a una actividad cuestionada por organizaciones defensoras de los animales.
Pero presentar un proyecto no es lo mismo que aprobar una ley. Mientras no exista una prohibición nacional vigente, la discusión seguirá abierta y las autoridades deberán responder por el marco de control que permite desarrollar esta actividad.
La pregunta política es inevitable: ¿se priorizará la protección de los animales o se mantendrá una actividad comercial cuya legitimidad ética está seriamente cuestionada?
Uruguay necesita una definición
La sangría de yeguas no puede quedar atrapada indefinidamente entre denuncias, reglamentos, promesas de fiscalización y proyectos legislativos.
Tampoco alcanza con condenar el maltrato en términos generales mientras se evita discutir las condiciones concretas en las que se desarrolla esta actividad.
Una política seria de bienestar animal exige controles efectivos, transparencia sobre las inspecciones, investigación de las denuncias y sanciones cuando corresponda. Y exige, además, discutir con honestidad si una práctica de estas características tiene justificación cuando existen alternativas que merecen ser consideradas.
La protección animal no debería depender de la capacidad de una organización para obtener imágenes, de la repercusión de un documental o de la presión pública que logre generar una denuncia.
Es responsabilidad del Estado actuar antes de que el sufrimiento se convierta en noticia.
La pregunta ya no es si Uruguay conoce las denuncias sobre la sangría de yeguas. Las conoce desde hace años. La pregunta es cuánto tiempo más está dispuesto a tolerar que el bienestar animal quede detrás de los intereses comerciales.
Un país que aspira a producir con responsabilidad debe ser capaz de revisar sus prácticas, escuchar a la ciencia, responder a la sociedad y tomar decisiones. Porque ninguna actividad económica debería quedar exenta de una pregunta fundamental: ¿es éticamente aceptable el precio que pagan los animales para sostenerla?
Uruguay debe avanzar hacia la prohibición nacional de la sangría de yeguas y garantizar una transición responsable hacia alternativas que no dependan de someter a estos animales a procedimientos cuestionados.










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